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domingo, 5 de junio de 2022

Sistemas nacionales para atender prioridades nacionales

México ha evolucionado en la Constitución la configuración de su aparato público y el ejercicio de las funciones del Estado, además de los tres poderes tradicionales ejecutivo, judicial y legislativo, existen organismos constitucionales autónomos, entes con relevancia constitucional y empresas productivas del Estado, que complementan la administración pública federal.

Una forma para atender las prioridades y alcanzar las metas, objetivos y fines del Estado ha sido crear sistemas nacionales, cito algunos con base constitucional en los artículos: 3 y 73, el Educativo Nacional y el Nacional de Mejora Continua de la Educación; 4, de Salud para el Bienestar; 18, Integral de Justicia para los Adolescentes; 21, los de Seguridad Pública y de Información en Seguridad Pública; 25, Eléctrico Nacional; 26, los de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional  e Información Estadística y Geográfica; 73 y 113, Anticorrupción; 73, de Ciencia, Tecnología e Innovación; y 73 de Archivos. Refiero el Sistema Nacional de Fiscalización, esbozado en los artículos 73, 74 y 79.

La clásica división en poderes con funciones claramente diferenciadas se ha desdibujado, el ejecutivo produce ordenamientos de observancia general obligatoria, el judicial produce resoluciones que alteran las disposiciones legislativas y su aplicación en la vida diaria, el legislativo participa en la designación de titulares de la estructura administrativa del poder ejecutivo. Se construyeron los organismos  constitucionales autónomos como figuras independientes con funciones especializadas que no se incorporan a los poderes. El ejercicio del poder político en mayor o menor medida se encuentra en todos los espacios del quehacer público.

La participación social de forma unipersonal o a través de grupos organizados se hace presente en órganos de gobierno y administración del sector público, en esquemas de participación social que inciden en planeación, programación, control y fiscalización de las actividades del aparato público; el debido proceso legislativo; e intervenciones en el poder judicial como la acción amicus curiae. Limita el ejercicio abusivo del poder político.

Algunos de nuestros sistemas nacionales son operativos y dan resultados, se han consolidado con el tiempo y el ejercicio de sus atribuciones para el cumplimiento de sus metas, objetivos y fines.

En estrecha relación encontramos los sistemas nacionales de Planeación Democrática para el Bienestar; Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Fiscalización; Información Estadística y Geográfica; Anticorrupción; y Archivo. Formados desde una base constitucional, tienen funciones y atribuciones normadas en ley general, que les asigna la coordinación de las políticas públicas de su materia y la posibilidad de implementar un modelo nacional para su concreción al producir los programas nacionales y funciones de control y evaluación sobre la actividad administrativa del Estado y sobre las conductas de los servidores públicos.

Son sistemas que se integran de forma colegiada en una coordinación interinstitucional amplia, que incluye la participación ciudadana y genera diálogo entre los entes públicos del Estado sin importar si son nacionales o subnacionales, ejecutivos, legislativos o judiciales, empresas productivas del Estado u organismos constitucionales autónomos.

Su conducción orienta el quehacer de todos los entes públicos bajo políticas nacionales.

De alguna forma construyen un nuevo federalismo, llamado en ocasiones federalismo cooperativo, su conducción orienta la actividad del Estado bajo un modelo de gobernanza que supera la idea de una administración pública basada en relaciones de dependencia jerárquica en su interior y de relaciones con la sociedad basadas en asimetría de poder. Suplen la obediencia y las bases tradicionales de la cesión de voluntad para la construcción de un Estado dominante estratificado, por relaciones de coordinación institucional  y participación social. Permiten una mejor rendición de cuentas y nos acercan al buen gobierno.

Propongo aprovechar la experiencia exitosa del modelo de actuación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para avanzar en la implementación y efectividad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Cuernavaca, Morelos, 02 de junio de 2022

sábado, 25 de diciembre de 2021

La Constitución norma o capricho

AHORA: Nuestra Constitución es dinámica, reformada para producir justicia social, bien común, bienestar y reconocer los Derechos Humanos, crear instituciones jurídicas y sociales, y avanzar en la participación ciudadana y reducir el autoritarismo.

Da marco jurídico a: Derechos sociales, seguridad social, corte constitucional y convencionalidad, representación política, objetividad electoral, igualdad jurídica de mujeres y hombres, vivienda social, acceso a la información, mar patrimonial, sistema universitario autónomo, tenencia de la tierra, distribución de competencias, organización municipal, supremacía del Estado y contrapesos al poder en forma de órganos constitucionales autónomos y participación ciudadana.

Este régimen constitucional presenta exhaustividad en su redacción, generando un estilo reglamentario que reproduce la necesidad de amplias reformas en su articulado (por ejemplo, las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción y del régimen jurídico de la Ciudad de México llevaron a reformar más de 52 artículos).

Su formato actual, distorsionado por una intención de control que limite su interpretación en normas secundarias, lesiona su condición de norma general fundamental; tiene inconsistencias como incluir en el capítulo del Poder Judicial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República, ambos órganos constitucionales autónomos.

AYER: Cito a Emilio Rabasa (1990): La Constitución de Apatzingán de 1814 buscó “institucionalizar la independencia”, hizo referencia a los derechos ciudadanos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad (José María Morelos, Andrés Quintana Roo e Ignacio López Rayón).

La de 1824 contiene “los derechos del hombre y del ciudadano” estableciendo su supremacía sobre las estatales, es primera intención de unidad nacional, incluye la intención de superar el absolutismo estableciendo un “gobierno republicano, representativo y popular”. (Miguel Ramos Arizpe y Servando Teresa de Mier).

Durante 1832 a 1846, se promulga el “Acta del Plan de Pronunciamiento de la Villa de Cuernavaca” y la llamada “Constitución de las Siete Leyes”, etapa que culmina con la Constitución de 1847. (Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Anna, Carlos María Bustamante)

En 1854 los planes de Ayutla, Acapulco y Tacubaya desembocan en el Congreso Constituyente y la Constitución de 1857 (Juan N. Álvarez, Ignacio Comonfort), contemplando derechos del hombre, soberanía nacional y la federación.

La revolución de 1910 produce la Constitución del 17, que ha sido reformada para modificar la organización, ejercicio y control del poder político, el reconocimiento de derechos y la participación ciudadana.

El poder presidencial la impacta, sus 136 artículos acumulan más de 700 reformas.

FUTURO: De forma poco ortodoxa planteo una reforma integral que reorganice los capítulos y artículos de la Constitución, o si las condiciones sociales y políticas son adecuadas, la redacción de una nueva en consonancia con las características de nación y país que somos en el siglo XXI. Con la nueva forma de Estado con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, Derechos Humanos, instituciones de educación superior y centros de investigación al amparo de sus autonomías y libertades académicas. Nuevas prácticas democráticas de participación social con inclusión en órganos de control y decisión de los entes públicos.

Una Constitución sin un “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”, que limite el ejercicio autoritario del poder, fortalezca el equilibrio de poderes, la autonomía de los organismos intermedios y la participación social. Que corresponda con la conformación geográfica, demográfica (pluricultural y multiétnica) y económica; promueva la equidad y la inclusión.


lunes, 25 de junio de 2018

¿Y LOS PARTIDOS APÁ?


¿Y LOS PARTIDOS APA’?
AHORA: Estamos en la antesala de la elección mas grande que haya habido en México, Presidente, Gobernadores, Senadores, Diputados federales y locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, las personas que aspiran a esos puestos son Candidatos en campaña.
El 1 de julio se votará por Candidatos de partidos, independientes y de alianzas electorales, es el momento más claro del ejercicio de nuestros derechos políticos, votar y ser votados, pero la vida democrática no se acaba ese dia ni en ese acto.
Desde ahora, así como se pide a los candidatos su plan, programa y proyecto de trabajo habría que pedir a los partidos nos justifiquen su existencia y su financiamiento ¿Por qué?
Porque en un sistema de alta competencia como es hoy el sistema electoral mexicano tener 9 partidos nacionales y registrarse para la presidencia solo 3 candidatos de partidos y 2 sin partido, y en Morelos tener 11 partidos registrando 7 candidatos y 1 independiente para Gobernador, indica que sobran partidos o su nivel de representatividad es menor al de una persona que logra su registro como independiente. Si las diferencias ideológicas y pragmáticas no tienen importancia y permiten que existan las coaliciones “Por México al Frente” de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, “Juntos Haremos Historia” del PT, MORENA y Encuentro Social y, “Todos por México” del PRI, PVEM y Nueva Alianza. Si los partidos coaligados aceptan que el elector votará por su Candidato sin importar que partido lo postule ¿Cuál es su razón de existir como partidos?
Si un ciudadano es capaz de reunir con sus propios recursos los requisitos para obtener su registro como candidato ¿Por qué tenemos como sociedad que financiar la vida de los partidos? Podemos pagar las elecciones y quizá algunos gastos de campaña como los tiempos de radio y televisión, pero sostener las dirigencias partidistas ¿Para qué? Si lo que importa según esta elección son los Candidatos, las personas y o los partidos.

AYER: Partiendo del hecho que un partido es por definición una parte, no es el todo social, en México hemos transitado de un sistema de partido casi único, de una hegemonía amplia a un sistema de varios partidos, algunos se han transformado (PNR, PRM a PRI; PCM, PSUM, FDN finalmente a PRD), otros se han extinguido (partido demócrata mexicano) y nuevos han surgido (Nueva Alianza y Encuentro Social). Quizá es momento de volver a pensar los requisitos que deben reunir los partidos y cuál debe ser su umbral de representación, que parte de nuestra sociedad representan y que proponen para el desarrollo de México.
Los partidos fueron el único instrumento para competir por el poder político, las candidaturas independientes son una nueva posibilidad para alcanzarlo.

FUTURO: Teniendo una gama de partidos donde según las preferencias electorales demostradas en las urnas y en las encuestas que pretenden establecerlas, no se obtiene una mayoría que determine de manera clara la decisión popular, se hace necesario que pensemos en la segunda vuelta electoral como un mecanismo práctico de lograr un poder ejecutivo de amplio consenso, un Presidente que cuente con más del 50% del voto efectivo.
El pragmatismo electoral es ya una realidad en México, en esta realidad podemos tomar ejemplo de casos europeos donde no es una ideología política la que aglutina a los electores, sino propuestas específicas que señalan problemas y soluciones. Como el caso italiano, donde el movimiento político las Cinco Estrellas nació en 2009 y ahora es la principal fuerza política, propone cinco causas (de ahí su nombre): propiedad pública del agua; transporte amigable con el medio ambiente; derecho universal al acceso a Internet; desarrollo enfocado a las necesidades de las comunidades locales y medio ambiente.
Pensemos en un sistema que permita crear consensos para la definición, diseño aplicación y supervisión de las políticas públicas. Que pueda construir un gobierno que vuelva a tener una representación social que permita el desarrollo nacional.
Pensemos en un sistema que ante la pérdida de aceptación y consenso del Presidente o Gobernador exista un mecanismo legal y de valor democrático para su destitución como en Ecuador, España, Estados Unidos, Japón y otros muchos países.
@RivaPalacioThan
05/06/2018.

BIBLIOGRAFÍA.