RECONSTRUCCIÓN O GASTO DE PARTIDOS
AHORA: México sufre temblores en septiembre 7 y 19, el primero de 8.2, con
epicentro a 133 km de Pijijiapan, Chiapas y el segundo de 7.1, a 12 km de Axochiapan,
Morelos. Los daños causados en Ciudad de México, Chiapas, Estado de México,
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, son muchos y todavía se están presentando.
Construcciones afectadas que terminan por caerse, infraestructura de servicios
como agua potable, drenaje, tratadoras de agua, caminos y carreteras, escuelas,
hospitales, canales de riego, que presentarán fallas que se conocerán al
usarse, horas o días después.
Reconstruir y
recuperar casas, tuberías, aulas, patrimonios familiares, infraestructura
requiere inversión, mucho dinero.
Reiniciar la
vida productiva, el trabajo de la gente que perdió herramientas, materiales,
espacios laborales, talleres, necesita dinero.
Reubicar
familias en nuevos hogares, crear espacios que le permitan trabajar y producir
bienes y servicios requiere dinero.
El secretario
de hacienda José Antonio Meade dice que el gobierno federal tiene en el fondo
para desastres (FONDEN) y el bono catastrófico 9 mil millones de pesos para la
reconstrucción.
El
presupuesto de egresos 2018, se presentó el 8 de septiembre, no tiene por
supuesto una previsión de gasto para el daño causado por los temblores.
Los partidos
políticos tienen presupuesto de 6 mil 788 millones, y existe un descontento
social en el monto y la forma en gastan el dinero que obtienen de la sociedad.
Tienen además un financiamiento privado por medio de cuotas de sus militantes,
crédito de banca y donativos.
Este dinero
sirve para pagar la nómina de sus empleados, campañas electorales y actividades
específicas.
Esto permite
que los partidos sean independientes del gobierno y del capital privado.
El subsidio
que el gobierno da a los partidos se establece en la Constitución y en la ley
general de instituciones y procedimientos electorales, pero este marco legal,
es modificable en este periodo de sesiones del Congreso y de las legislaturas
estatales. También podría modificarse el presupuesto asignado a ellos y esperar
en su caso un litigio de los partidos contra el gobierno por no cumplir el
texto constitucional.
Pueden
reducirse drásticamente los topes de gasto de precampañas y campañas, para que
los partidos no gasten el dinero y la federación lo pueda reasignar,
destinándolo a la reconstrucción y apoyo a las personas y familias afectadas.
Los partidos pueden simplemente no gastar y reintegrar a la Tesorería de la Federación el dinero, pudiendo la secretaría de hacienda destinarlo a la reconstrucción y apoyo a los afectados por el temblor.
AYER: En 1962, se reforma la Constitución y la ley electoral en 1963,
exentando a los partidos de impuestos por sus ingresos; en 1973, se otorgan
como incentivos las franquicias telegráficas y postales, y el acceso a radio y
televisión. En 1977, se establece en el artículo 41, de la Constitución el
financiamiento público directo. La fórmula para calcular su cuantía y la
obligación de su comprobación se establecen en 1987. Para 1990, se fija la
asignación del financiamiento público (10% de forma igualitaria a los partidos
y 90% proporcional, una suma adicional del 50% del ingreso anual de sus
diputados y el reembolso del 50% de lo que gastaran en educación y capacitación
electoral). La reforma de 1993, prohíbe recibir financiamiento del extranjero,
de las iglesias y usar recursos de las instancias del gobierno; limitó la
aportación de las personas físicas y morales, el gasto de campañas; y obligó al
informe anual de ingreso y egreso. En 1996, empieza el crecimiento
desproporcional del dinero que se entrega a los partidos, se establece que los
recursos privados no deben ser mayores al que se entrega por el gobierno, y se
aumenta tres veces la cantidad del recurso público que se les entrega, del 10%
se lleva la 30% lo que se distribuye igualitariamente entre los partidos; se
disminuye el gasto de campaña y la aportación de personas físicas y morales; se
prohibió la aportación anónima.
Para 2018, se
proyecta un gasto de 6 mil 788 millones de pesos. Y las preguntas son ¿es
necesario que los ciudadanos paguemos el gasto de los partidos y sus
candidatos? ¿es justificado ante las necesidades sociales gastar esa cantidad
de dinero en los partidos y sus campañas? ¿es mejor gastar en los partidos y
las campañas que en la reconstrucción por los sismos?
FUTURO: Invertir en infraestructura y apoyo a los afectados por fenómenos de
la naturaleza.
Tener en
México un sistema de financiamiento que obligue a los partidos a obtener de su
militancia y simpatizantes los recursos necesarios para su actividad ordinaria,
que obligue a los candidatos a realizar campañas austeras y a contar con
aportaciones privadas suficientes para pagarlas.
Tener
aportaciones de gobierno por reembolso para actividades específicas de
capacitación política y electoral, de investigación y difusión de nuestra
problemática social y de participación ciudadana.
@RivaPalacioThan
Bibliografía.-
